Horario de trabajo en España
El real decreto-ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros garantiza que los trabajadores domésticos disfrutarán por fin de los mismos derechos que el resto de empleados. El hecho de que la mayoría de estos trabajadores sean mujeres supone un avance para la igualdad de género en el mercado laboral.
Con la nueva ley, si los trabajadores domésticos son despedidos y su despido se considera improcedente (injustificado), la indemnización será de 33 días de su salario por cada año de servicio, y no de 20 días como hasta ahora. Antes, el empleador podía rescindir libremente el contrato de trabajo basándose únicamente en que había perdido la confianza en la persona empleada en su hogar. Ahora esto sólo es posible cuando existe un comportamiento que pueda entenderse “razonable y proporcionalmente” como causante de dicha pérdida de confianza.
Dos medidas complementan la nueva ley: en primer lugar, se reconoce expresamente que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo, especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres”. En segundo lugar, los empresarios tienen que pagar las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores independientemente de las horas trabajadas.
¿Necesita un contrato con su trabajador doméstico?
La Determinación Sectorial 7 se aplica a todos los trabajadores domésticos y a sus respectivos empleadores, por lo que es obligatorio tener un contrato de trabajo de trabajador doméstico incluso si su ayudante doméstico trabaja sólo 1 o 2 días a la semana para el hogar.
¿A cuánto asciende el salario mensual como empleado doméstico en España?
Los trabajadores domésticos a tiempo completo tienen que cobrar al menos 950 euros al mes en 14 nóminas, o 1.108 euros al mes si se prorratean las horas extra. Esto significa que, por hora, los trabajadores domésticos en España deben cobrar al menos 7,43 euros.
Cultura empresarial España
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Período de prueba España
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Un trabajador doméstico o empleado doméstico es una persona que trabaja en el ámbito de una residencia. El término “servicio doméstico” se aplica a la categoría profesional equivalente. En contextos tradicionales ingleses, se decía que una persona de este tipo estaba “en servicio”[1] Los trabajadores domésticos realizan una gran variedad de servicios domésticos para un individuo, desde la limpieza y el mantenimiento del hogar, o la cocina, la lavandería y el planchado, o el cuidado de los niños y de los ancianos dependientes, y otras tareas domésticas.
Algunos trabajadores domésticos viven en el hogar de su empleador. En algunos casos, se ha valorado mucho la contribución y la destreza de los sirvientes cuyo trabajo abarcaba complejas tareas de gestión en hogares grandes. Sin embargo, en su mayor parte, el trabajo doméstico suele ser exigente y suele considerarse infravalorado, a pesar de ser a menudo necesario. Aunque la legislación que protege a los trabajadores domésticos está en vigor en muchos países, a menudo no se aplica ampliamente. En muchas jurisdicciones, el trabajo doméstico está mal regulado y los trabajadores domésticos son objeto de graves abusos, incluida la esclavitud[2].
Convenio Colectivo España
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos, un paso histórico que se produce después de que el Consejo de Ministros lo aprobara y enviara a las Cortes el pasado mes de abril.
Hay unas 420.000 trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social, a las que hay que sumar al menos otras 165.000 que se calcula que trabajan sin contrato, en la economía sumergida y sin ningún derecho. Son limpiadoras o cuidadoras, la mayoría extranjeras, muchas en situación irregular.
El convenio entró en vigor en 2013 y actualmente está ratificado por 35 países. Sin embargo, en España se pospuso su aprobación legislatura tras legislatura a pesar de la presión de los sindicatos, de numerosos colectivos de empleadas del sector y de la recomendación de la Comisión Europea.
La discriminación que ha sufrido este colectivo durante décadas fue reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia histórica el pasado mes de febrero. El tribunal luxemburgués consideró discriminatorio por razón de género que estas trabajadoras no tuvieran derecho a la prestación por desempleo cuando terminan sus contratos o son despedidas.